Economía II - 5º Año Ricardo Romero / Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini
jueves, 2 de octubre de 2014
domingo, 28 de septiembre de 2014
Clase 12 Estado de Bienestar y Desarrollismo
Algunos apuntes sobre el Estado de Bienestar y el Desarrollismo
Estado de Bienestar
Estado de Bienestar
El Estado de bienestar, postula
fundamentalmente que el Estado debe
intervenir activamente en la economía y la sociedad, con vistas a complementar
el funcionamiento del mercado, garantizando un mínimo de bienestar básico a
toda la sociedad.
Su mentor original fue el
economista John M. Keynes, quien frente a la aguda depresión económica de 1929,
aconsejó dejar de lado el modelo liberal, que el Estado no se quedara en el rol
de garante externo, sino que gestionara por si mismo aquello que el mercado no
proveía: crédito, empleo e insumos estratégicos. Esta intervención decidida de
los Estados permitió a la recuperación de la economía.
¿Cómo interviene en la
economía el Estado de Bienestar ?
A través de algunas
instituciones típicas de este modelo: a) Empresas Públicas: el Estado se
convierte en empresario en aquellos sectores que son indispensables para la
economía, pero que el capital privado no quiere o no puede invertir. Por
ejemplo: YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales), ENTEL (empresa nacional de
Telecomunicaciones). b) Regulación económica: el Estado dicta normas
obligatorias respecto de ciertos aspectos de la actividad económica, con vistas
a favorecer su desarrollo. Ejemplo: ley de alquileres urbanos, fijación de
precios máximos, fijación de precios sostén o cuotas de producción, etc. c)
Impuestos progresivos: se cobran impuestos proporcionalmente mayores a aquellos
que tienen mayores riquezas. d) Centralización estatal del crédito: el Estado
adquiere un rol predominante (o exclusivo, según los casos) en la asignación de
crédito a las empresas privadas, orientando los préstamos hacia los sectores de
mayor interés para la nación. e) Expansión monetaria (Inflación): El Estado
maneja el tipo de cambio y la cantidad de dinero circulante, en función de sus
políticas de desarrollo, sin importar que esto genere inflación. f) Política
social: el Estado desarrolla una amplia red de planes de efectiva ayuda social
en beneficio de los más pobres. Ejemplo: planes de vivienda económica, jubilaciones
y pensiones, subsidios, planes de turismo social, etc. g) Derechos laborales:
se consagran y efectivizan un conjunto de nuevos derechos en favor de los
trabajadores (jornada limitada, descanso semanal, vacaciones pagas,
indemnización por despido, etc.) que llevan a incrementar los salarios junto
con el nivel de empleo. h) Proteccionismo. El Estado nacional fomenta las
industrias locales, limitando de distintos modos el ingreso de productos
importados.
Mediante todas estas
instituciones de intervención, el Estado de Bienestar, sin romper con el modo
de producción capitalista, establece mecanismos de redistribución por el cual
el beneficio de los sectores más ricos de la sociedad se ve acompañado por el
incremento del bienestar de los sectores más pobres.
Los autores, que se valen de la
forma contrato para entender el Estado, explican al Estado de Bienestar como un
pacto:
“El Estado de Bienestar ha servido como
principal fórmula pacificador a de las democracias capitalistas avanzadas para
el período subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial. Esta fórmula de paz
consiste básicamente, en primer lugar, en la obligación explícita que asume el
aparato estatal de suministrar asistencia y apoyo (en dinero o en especie) a
los ciudadanos que sufren necesidades y riesgos específicos característicos de
la sociedad mercantil; dicha asistencia se suministra en virtud de pretensiones
legales otorgadas a los ciudadanos. En segundo lugar, el Estado de bienestar se
basa sobre el reconocimiento del papel formal de los sindicatos tanto en la
negociación colectiva como en la formación de los planes públicos. Se considera
que ambos componentes estructurales del Estado de Bienestar limitan y mitigan
el conflicto de clases, equilibran la asimétrica relación de poder entre
trabajo y capital, y de ese modo ayudan a superar la situación de luchas
paralizantes y contradicciones que constituía el rasgo más ostensible del
capitalismo liberal, previo a este tipo de estado. En suma, el Estado de
bienestar ha sido celebrado a lo largo del período de postguerra como solución
política a contradicciones sociales.” (Offe, 1988: 135)
Esta visión del Keynesianismo
como un pacto queda incompleta si no se entiende que se basa en la desigualdad
de las partes, y por lo tanto reproduce relaciones de subordinación.
En los países dependientes, la
crisis capitalista de la década de 1930 da la oportunidad de avanzar en la
industrialización interna. Una parte de la clase dominante local deja de lado
su adhesión al anterior modelo y favorece el proceso de sustitución de
importaciones. Se acelera el proceso de urbanización, y se conforma una masa
obrera, que a diferencia de lo que ocurre en los países centrales, está solo
parcialmente organizada, por lo que plantea una débil disputa por la hegemonía.
Desde los sectores más altos de la burocracia estatal (sobre todo militar) se
ensaya un movimiento político exitoso, intentando alianza entre estos dos
actores. Pero para lograrlo, debe –desde el Estado- fortalecer la organización
y la expresión política de la clase obrera, cuya capacidad de movilización es
la principal fuerza del régimen. Emerge así un nuevo tipo de Estado, que ensaya
políticas Keynesianas, pero que a diferencia de los Estados de Bienestar
Europeos, se sostienen en la organización heterónoma de los trabajadores.
Para desenvolver las funciones
de intervención, regulación del mercado y satisfacción de los derechos
sociales, el Estado de Bienestar se vale de aparatos burocráticos sumamente
importantes. La centralidad de estas instituciones estatales y el gran poder
que adquieren, hacen que el nivel de lo político cobre una gran autonomía,
llevando a su máxima expresión el fetiche de la supuesta neutralidad del
Estado, que “parece” ubicado por encima de las clases. Claro que en
profundidad, su intervención no es neutral, dado que el Estado de Bienestar, en
tanto una forma de Estado Capitalista, nunca es imparcial, sino que tiene un
compromiso estratégico con la reproducción de las relaciones de explotación
capitalista.
Desde el punto de vista
político y social, el Estado de bienestar se basa en la alianza de la clase
capitalista local con la clase obrera, representada a través de los sindicatos
y los partidos populares, de modo que supone la vigencia de una activa
mediación de los grupos sindicales, y la implementación, a nivel nacional, de
poderosos partidos de masas.
Desarrollismo
Durante
el periodo estudiado, el desarrollismo, como corriente del pensamiento
económico, concibe el desarrollo como un cambio de estructuras. Las principales
elaboraciones en este sentido fueron realizadas por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) desde fines de la década de los cuarenta. A partir de
una especial interpretación de los procesos que reglan las relaciones entre los
países centrales y los periféricos, pone énfasis en un conjunto de reformas
estructurales que es necesario encarar de manera global para superar,
precisamente, los obstáculos para el desarrollo. En función de ello elabora un
diagnóstico de la situación de la economía latinoamericana: se destaca su
condición periférica, y a partir de esta, los efectos en la economía
internacional, derivando luego hacia la formulación de prescripciones generales
y específicas para superar los principales problemas. Partiendo de la división
internacional del trabajo y de la constatación empírica de la existencia de
términos de intercambio negativos para los países exportadores de productos
primarios, se constata que se dan fuertes oscilaciones en el volumen de la
demanda y de los precios internacionales de los mismos; ello provoca fuertes
contracciones en la capacidad de importación y, por lo tanto, un alto grado de vulnerabilidad
externa y grandes desequilibrios en el ritmo de funcionamiento de la economía.
También se advierten severas restricciones estructurales en la transferencia
del progreso técnico de los países centrales a los periféricos, debido a la
mayor concentración de innovación tecnológica en los productos industriales que
estos importaban. Ante este estado de la cuestión, la solución no podía ser
otra que la industrialización, comenzando por aquel tipo de industria que fuese
capaz de sustituir los bienes importados más escasos y estratégicos. En estas
condiciones el funcionamiento de la economía no podía ajustarse a los dictados
del mercado ni moverse erráticamente conforme al interés privado de los
empresarios capitalistas, sino que era imperativo que lo hiciese en el sentido
necesario para cerrar los baches del comercio exterior e incorporar procesos
productivos complejos que elevasen el valor agregado nacional, absorbiendo el
mayor progreso técnico posible. Esta industrialización planificada tenía además
la ventaja de crear puestos de trabajo en las ciudades, en un momento en que la
población se urbanizaba aceleradamente. Es así como la industrialización se
convierte en el eje del proyecto desarrollista, que perseguía la incorporación
masiva de la técnica moderna, la reforma agraria y la democratización política.
En efecto, el desarrollismo combinó políticas de modernización y de expansión
industrial con la vigencia de instituciones parlamentarias y prácticas
electorales. En el primer periodo doctrinario de la CEPAL (1948-1955) las ideas
básicas fueron la concepción centro, periferia, la teoría del deterioro de los
términos del intercambio y la interpretación del proceso de industrialización
de los países latinoamericanos. A partir de este conjunto de ideas, la CEPAL
abrió el debate en torno a la necesidad de una política deliberada y específica
de industrialización, capaz de promover la acumulación y el desarrollo de la
región y, también, en su calidad de organismo supranacional de orientación y
consulta, generó una serie de recomendaciones de política económica, cuyos
tópicos concernían a la planificación del desarrollo, la protección del mercado
interior, la integración latinoamericana, el financiamiento externo, entre
otros. Entre 1955 y mediados de la década de los sesenta la corriente cepalina,
al amparo del marco teórico desarrollado en la etapa precedente, profundizó el
análisis de lo que denominó los obstáculos estructurales al desarrollo. Por un
lado atacó las cuestiones contenidas en el concepto de estrangulamiento
externo: los desequilibrios de las balanzas de pago de los países
latinoamericanos, la asistencia exterior, etc.; y por otro, centró su atención
sobre los obstáculos internos al desarrollo latinoamericano: el subempleo, la
distribución regresiva del ingreso, la marginalidad.
En
síntesis, la política de desarrollo habría de poner el acento sobre un conjunto
de reformas estructurales en la función del Estado como orientador, promotor y
planificador y en un cambio y ampliación sustancial de las modalidades de
financiamiento externo y del comercio internacional.
El
golpe de Estado de 1955 en Argentina que derrocó al gobierno peronista, expresó
fundamentalmente un cambio en las relaciones de fuerza a escala local, lo que
se manifiesta en la toma de medidas de política económica tendentes a
neutralizar los pilares esenciales del modelo capitalista de Estado, procurando
dinamizar el papel del sector privado en la economía. Ello se inserta en un
marco más general —desde fines de la década de 1950 y durante la de 1960— en el
que la ideología liberal y el desarrollismo redefinen la nueva inserción
dependiente de la economía argentina, en la fase de la internacionalización del
capital bajo la hegemonía de Estados Unidos.
La
incorporación a este modelo de acumulación, signado por la penetración de las
transnacionales como eje esencial, está condicionada por dos tipos de procesos.
En primer lugar, un país que exhibe un mercado interno amplio y con una demanda
diversificada, recursos naturales disponibles, mano de obra calificada,
economía exportadora generadora de excedentes y de divisas para hacer frente a
los servicios del capital extranjero, y un sector público capaz de proveer los
principales insumos que el nuevo sistema de acumulación requiere. En segundo
lugar, y no obstante las ventajas antes mencionadas, el país también muestra
una estructura social compleja, en tanto interactúan un sector terrateniente
con experiencia para defender los excedentes que genera, un sector de la
burguesía nacional no monopólica que intenta buscar —cada vez con menos
probabilidad de éxito— mantener su presencia en el mercado interno, y una clase
obrera organizada, comprometida con la defensa de sus salarios reales y
dispuesta a movilizarse y a negociar para establecer alianzas en defensa de sus
intereses.
Es evidente la complejidad
de la nueva instancia económico-social y política. Entre 1958 y 1962 el capital
extranjero cumple la función de hacer avanzar la centralización de los
capitales y la concentración de la producción dentro de una economía
semicerrada como la argentina, donde la competencia externa aún no se exhibe
como muy relevante. Era necesario reordenar eficientemente el capitalismo
local, y en este sentido, la estrategia seguida por el desarrollismo busca
articular simultáneamente los ingresos del sector agrario y los beneficios que
imponía la radicación del capital extranjero. Eran variados los intereses a
conciliar y los grupos a articular, erigiéndose esta gama de contradicciones en
el desafío fundamental para la propuesta del desarrollismo en el ámbito
político. Además es de destacar que la etapa de industrialización se
caracteriza por el control que sobre este proceso ejercen las firmas
multinacionales y por su orientación hacia el mercado interno; se trata de la
nueva estrategia del gran capital internacional que apunta a la inversión
directa en la producción, especialmente en los bienes de consumo durable,
aunque también se efectúan importantes inversiones en química, petroquímica y
siderurgia. Y en este contexto, el Estado tiene el papel fundamental de apoyo y
ampliación del esfuerzo industrializante. Así, el Estado invertirá en sectores
de infraestructura pesada, energía, productos de base y transporte, que
convengan a los intereses de las grandes firmas multinacionales, que se
constituyen en agentes muy dinámicos en el ámbito económico.
"El
desarrollismo y el problema agrario durante las décadas de 1950 y 1960", Silvia
Lazzaro.
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Estado de Bienestar
miércoles, 24 de septiembre de 2014
Clase 11 Modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones
Video del Modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones:
Para leer sobre esta etápa:
2.
El proceso de industrialización
La
etapa de la industrialización sustitutiva, como rasgo principal de
la actividad económica, puede
subdividirse
en tres períodos diferenciados:
1.
La industrialización «espontánea» (1930-1945).
2.
El proyecto industrializador peronista (1946-1955).
3.
La industrialización «desarrollista» (1955-1976).
Nuevamente
otra crisis, en este caso de origen externo, que se inicia en EEUU en
1929 y constituye el comienzo de un período de depresión económica
mundial que duraría casi una década, impacta en la Argentina. Fue
la crisis más profunda que padeció el capitalismo en su historia.
Este
proceso recesivo se caracterizó por una severa deflación en un
sentido amplio, dado que generó restricciones monetarias y
financieras, bajas de precios y salarios, y retroceso de las
actividades económicas. Fenómenos que se manifestaron a través de
reacciones en cadena, puesto que la caída de la producción
industrial indujo a una contracción de los mercados internacionales
y a una disminución de la demanda de materias primas, cuyos precios
bajaron acentuadamente. Los países productores de bienes primarios
redujeron las compras de maquinarias y manufacturas, al tiempo que
entraron en bancarrota o devaluaron sus monedas, ya que las deudas
asumidas con anterioridad no podían ser canceladas. Del mismo modo,
los países industriales debieron soportar la caída de los precios
de sus productos, aunque protegieron sus mercados con barreras
arancelarias o de otro tipo. No pudieron evitar, sin embargo, el
cierre de bancos y empresas, una creciente desocupación y
situaciones extremas de hambre y pobreza de gran parte de sus
poblaciones. Todo ello llevó a la quiebra del sistema multilateral
de comercio y pagos, incluyendo el patrón cambio oro, y dio lugar a
un retorno a los sistemas de preferencia imperial y a los convenios
bilaterales. La Argentina, que tenía una economía abierta al mundo,
sufrió de llenó ese impacto con una severa caída de sus
exportaciones y un amplio déficit en su balanza comercial, al no
poder prescindir de la importaciones de bienes industriales y de
muchos bienes de consumo masivo. El proceso de sustitución de
importaciones, que proyectó al sector industrial por sobre el
agropecuario e inició una nueva etapa en la historia económica
argentina, fue así en gran parte producto de la necesidad y no de la
voluntad política: había que hacer frente a la crisis económica
mundial que afectaba al país. Además, cuando esta etapa comienza a
desarrollarse con más fuerza, en los comienzos de la década de
1930, retorna al poder, mediante un golpe de estado cívico-militar,
la elite oligárquica que había gobernado hasta 1916. Entonces,
contra sus propias ideas imbuidas de liberalismo, los gobiernos
conservadores ponen en práctica una intervención creciente del
estado en la economía (control de cambios, juntas reguladoras,
proteccionismo, diversas medidas fiscales y financieras), que tienden
a paliar la situación pero, también, a salvaguardar sus propios
intereses, vinculados al sector agropecuario. Al mismo tiempo, el
país logra cierto margen de autonomía económica aunque se
mantienen los servicios de la deuda externa y se intenta conservar a
toda costa, a través del Pacto Roca-Runciman, el mercado británico
para la colocación de las carnes enfriadas, el negocio principal de
los terratenientes de la pampa húmeda, ahora en el poder político.
Hasta
esa época la industria había crecido al compás del resto de la
economía, pero subordinada al esquema agroexportador. En cambio, a
partir de los años 30, se convertirá en uno de los sectores
impulsores del crecimiento económico, facilitado por una importante
transformación en la estructura de la producción, que aceleró el
proceso de sustitución de importaciones. Los rubros más dinámicos
fueron las actividades relacionadas con insumos locales
(especialmente los textiles) y la metalurgia liviana. Este núcleo
incluye los sectores que podríamos denominar de «sustitución fácil
de importaciones», compuestas por bienes de consumo, que reducían
el peso del déficit comercial con el exterior, contribuían a
canalizar una porción de la renta agraria a través de inversiones
industriales y ofrecían una salida a la producción agropecuaria,
que hacía posible disminuir la dependencia de las fluctuaciones de
los mercados externos. La expansión de la industria textil
satisfacía la creciente demanda del mercado interno, permitiendo, al
mismo tiempo, el empleo como materia prima de lana y algodón
producidos localmente, cuyos mercados internacionales se encontraban
afectados por la crisis. El conjunto de ramas vinculadas al sector de
automotores se convirtió también en un factor de crecimiento. Si
bien la industria automotriz de la época era poco más que un taller
de ensamblado de partes importadas, estimulaba el desarrollo de la
producción de caucho para neumáticos, la industria de la
construcción relacionada con las carreteras y una pléyade de
pequeñas firmas familiares de producción de repuestos, actividades
que ganarían intensidad en el futuro inmediato. Otro sector cuya
aparición en escala importante data de esta época es el de
maquinarias y artefactos eléctricos, así como la producción de
electrodomésticos, cables y lámparas. En general, las ramas de
mayor crecimiento producían bienes de consumo finales, con mayor
intensidad en la utilización de mano de obra que en bienes de
capital. Las maquinarias y los insumos intermedios utilizados eran,
en una alta proporción, importados. De esta forma, comenzó a
perfilarse en esta época una característica que se acentuaría en
las décadas siguientes: el crecimiento de la producción impulsaba
un incremento de las importaciones, hecho que en el futuro
enfrentaría al país a serios problemas en la balanza de pagos. En
este marco, las ramas tradicionales vinculadas al modelo
agroexportador, como los productos agrícolas y ganaderos, crecieron
mucho más lentamente, perdiendo participación relativa en el PBI y,
en 1944, el PBI industrial superó por primera vez al PBI
agropecuario. Por otra parte, el PBI industrial se duplicó entre
1935 y 1939 y volvió a duplicarse durante la segunda guerra mundial
mientras crecían el número de establecimientos fabriles y la
cantidad de mano de obra ocupada en el sector.
Los
cambios en la composición de la estructura social, como consecuencia
de la ampliación de la masa de trabajadores industriales y urbanos
que trae este proceso de industrialización (a lo que contribuyeron
las migraciones internas del campo a las ciudades), y el vacío
político resultante de gobiernos apartados de los derechos y
aspiraciones de la ciudadanía (fraudulentos y represivos) dieron
lugar a la aparición de un fenómeno político nuevo, el peronismo,
que estimulará el desarrollo industrial sobre la base de la
participación social de los nuevos sectores sociales y de la
ampliación del mercado interno y tendrá conductas de una mayor
autonomía en el marco internacional.
La
industrialización promovida por el peronismo se diferenció de la
controlada por la oligarquía. En contraste con el carácter
excluyente de esta última, el primer gobierno peronista amplió el
mercado interno en función de tres elementos que existían antes de
la llegada al poder del peronismo y que contribuyeron a hacerla
viable en ese momento. En primer lugar, la creciente dicotomía entre
la expansión del mercado interno y el nivel de consumo de las masas.
En segundo término, la ausencia de leyes laborales que garantizasen
mejores condiciones de vida y de trabajo. Finalmente, el grado
importante de intervención del estado en la economía con la
consiguiente ampliación del aparato burocrático, que acrecentó su
papel no sólo político, sino también social. Factores que Perón
percibió, y constituyeron la base de su accionar político, y a los
que agregó la «sindicalización por arriba» del movimiento obrero.
Mientras que el primer partido popular, el radicalismo, surge
levantando las banderas de la democratización del sistema político
argentino, el peronismo nace planteando la necesidad de montar
mecanismos de justicia social que no existían, algunos de los cuales
habían sido propuestos por dirigentes socialistas y de otros
partidos en épocas anteriores, sin poderse aprobar o implementar por
el poder que tenían las fuerzas conservadoras en el Congreso y el
Poder Ejecutivo Nacional. No vamos a analizar exhaustivamente que
significó el peronismo desde el punto de vista político aunque
puede señalarse la existencia de un estado omnipresente y de un
partido político que pretendía representar a todos los sectores
sociales y minimizar a la oposición, sin impedirle participar en las
elecciones pero obstaculizando su accionar. Tampoco nos detendremos
en sus aciertos o errores, desde el punto de vista económico, con un
crecimiento fuerte en los primeros años de gobierno aunque con
políticas que se revelaron insuficientes para sostener el proceso de
industrialización, debiendo soportar una fuerte crisis entre 1950 y
1952 de la que costó salir. Sin embargo, varios aspectos no pueden
dejarse de mencionarse en el terreno económico y social. Entre
ellos, una apreciable mejora en la distribución de los ingresos,
llegando los asalariados a tener una participación del 50% del
ingreso nacional; la entrada en vigencia de una serie de leyes
sociales –jubilaciones y pensiones, aguinaldos, vacaciones pagas,
convenios colectivos de trabajo–; el otorgamiento de beneficios
diversos para los sectores de más bajos ingresos -construcción de
viviendas populares, hoteles sindicales, etc.; la transferencia de
ingresos, mediante una política crediticia y mecanismos
institucionales de manejo del comercio exterior, del sector agrario
al industrial; y un proceso de nacionalización de las empresas de
servicios públicos, sobre todo en los primeros años de gobierno.De
todos modos, pese que Perón fue reelegido por una amplia mayoría de
votos al termino de su primer mandato y se produjeron cambios en la
política económica que permitieron superar la crisis, en septiembre
de 1955, en el marco de un enfrentamiento creciente con la Iglesia
Católica y sectores opositores, el presidente se vio desplazado del
poder por un golpe de estado cívico-militar. Este hecho inauguró
una etapa de inestabilidad política en la Argentina que llevó
finalmente a la dictadura militar
de
1976.
Es
preciso destacar este punto, porque en todo el período que va de
mediados de los años 40 hasta mediados de los 70, el país creció
económicamente y la distribución del ingreso no empeoró en demasía
a pesar del diferente carácter de los distintos gobiernos que fueron
pasando, civiles y militares. Pero hubo una fuerte inestabilidad del
sistema político, que comenzó con la proscripción del peronismo.
Esto condujo, por un lado, a la radicalización de vastos sectores
populares, influenciados también por la revolución cubana y
movimientos contestatarios en otros países, y llevó, por otro, a un
endurecimiento de lo que llamamos el «partido de derecha», que se
expresaba a través de las fuerzas armadas. El gobierno desarrollista
de Frondizi tuvo cerca de 30 planteos o intentos de golpes de estado
antes de ser derrocado y, luego, el radical Illia, que presidía un
gobierno débil por las proscripciones políticas, cayó de la misma
manera en 1966. El peronismo volvió con el apoyo popular después de
que los militares dejaron el poder en 1973, pero entró pronto en
profundas contradicciones internas (en la que participaron grupos
armados de izquierda y sectores paramilitares de derecha), que se
agudizaron con la muerte de Perón y dificultaron una nueva salida
política.
En
este período de industrialización, no se vuelve a caer en el fuerte
endeudamiento externo de la etapa agroexprotadora pero sí en
repetidas crisis de la balanza de pagos, los conocidos ciclos de
stop-go,
como
consecuencia de los requerimientos del propio proceso de
industrialización que se contrapone
con
una estructura dependiente de las exportaciones agropecuarias. Los
ciclos económicos estaban ligados al mismo tiempo al mercado interno
y a los mercados externos. En la etapa de auge, ante el aumento de la
producción industrial vinculada al consumo local, se incrementaban
las importaciones, para comprar bienes de capital e insumos básicos,
y se reducían las exportaciones, por la mayor demanda interna
originada en la suba del salario real y de los niveles de ingresos.
Pero el déficit en la balanza comercial y la disminución de las
divisas llevaban a una devaluación que provocaba un aumento del
precio de los productos agrarios exportables y de lo insumos
importados. Todo esto se traducía en crisis del sector externo,
procesos inflacionarios y políticas monetarias restrictivas.
Basado
en el desarrollo del mercado interno y en las industrias livianas ese
proceso de industrialización fue cambiando en los años 50 y pasando
a otra etapa, con la creación de industrias básicas, el énfasis en
la necesidad de capitales externos y la necesidad de que el aumento
de los salarios esté ligado al incremento de la productividad. En su
etapa final se agrega también un tímido intento de exportación de
manufacturas. El gran problema en este período no fue principalmente
económico sino político, en particular por el hecho de que el
partido mayoritario, el peronismo, estaba proscrito y de que los
militares intervinieron permanentemente en la vida pública.Vemos,
por el contrario, desde el punto de vista económico, un proceso de
crecimiento importante, que entre 1945 y 1963 padeció diversas
crisis en la balanza de pagos y brotes inflacionarios, pero que
luego, entre 1964 y 1974, tuvo un período de ascenso ininterrumpido,
superando esos problemas cíclicos, con una tasa promedio del cerca
de 5% anual. Sin embargo, desde el punto de vista político lo que
se observa es una grave y seria inestabilidad que termina con el
golpe de estado de 1976, lo que de ninguna manera reflejaba el
agotamiento del proceso de industrialización.
Rapoport,
Mario “Mitos, etapas y crisis en la economía argentina”, Nación
- Región - Provincia en Argentina, 2007, No. 1
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viernes, 19 de septiembre de 2014
Argentina Agroexportadora
II. La Argentina agroexportadora,
el liberalismo económico y el vínculo privilegiado con
Gran Bretaña. Por Mario Rapoport.
La Argentina agroexportadora se
sustentaba en una estructura socio-económica en la cual la propiedad de la
tierra, el bien abundante, estaba concentrada en un núcleo reducido y poderoso
de terratenientes; y en donde los capitales externos, si bien ayudaron a montar
el aparato agroexportador tenían, por lo general, su rentabilidad garantizada
por el Estado o se invertían con fines especulativos, creando un creciente
endeudamiento externo y problemas en la balanza de pagos. Todo ello presidido
por una ideología rectora: el liberalismo económico. En palabras de Juan
Bautista Alberdi, uno de sus expositores más lúcidos, la Constitución argentina
“más que la libertad política” había tendido a procurar “la libertad
económica”.
El país llegó a formar parte así,
en forma destacada, en tanto exportador de alimentos y materias primas e
importador de bienes de capital y productos manufacturados, de una división
internacional del trabajo, basada en el libre cambio, que tenía por eje a Gran
Bretaña, el principal poder económico de la época. Durante el período
agro-exportador los ciclos económicos obedecían, por un lado, a las relaciones
entre la inversión, la producción y las exportaciones y, por otro, al
movimiento favorable o adverso de los flujos de capital, influenciados desde el
Banco de Inglaterra a través de una baja o una suba de las tasas de interés.
Existió una notable expansión económica pero también una dependencia de los
mercados externos y de esos movimientos de capital y cuando éstos se detenían,
como en 1885, en 1890 o en 1913 o los mercados se contraían drásticamente, como
en 1930, las crisis estallaban.
En lo que se refiere al sistema
político interno, hacia 1880 se conforma la unidad nacional bajo la dirección
de gobiernos oligárquicos. Esos gobiernos guardan las formas constitucionales,
aunque excluyen a los sectores opositores del posible ejercicio del poder y
eligen a sus sucesores.
Al mismo tiempo, abren las
puertas a los nuevos inmigrantes pero no les facilitan su conversión en
ciudadanos ni el acceso a la propiedad de la tierra. La política exterior del
“orden conservador” (1880-1916) tenía como objetivo dar garantías a los
inversores extranjeros, asegurar la financiación externa del Estado y ampliar
los mercados europeos, donde la Argentina colocaba su producción
agroexportadora. Esta política, atlantista, liberal y “abierta al mundo” -sobre
todo a Europa-, daba la espalda a América del Sur y desdeñaba las alianzas con
los países de la región. Argentina profundizaba sus relaciones diplomáticas con
el viejo continente en general y con Inglaterra en particular, a la vez que
intentaba obstruir los intentos estadounidenses de consolidar su hegemonía continental.
Este “consenso conservador” se manifestó a través de diversas corrientes
ideológicas. La predominante, de matriz “comercialista” liberal, que intentaba
reducir al mínimo la aparición de conflictos, y la de la “real politik” del
nacionalismo territorial, que impulsaba políticas de fuerza frente a las
naciones vecinas y alentaba la espiral armamentística. A su vez, en la política
exterior impulsada por cada grupo se manifestaban los alineamientos de los
distintos sectores de la elite
con intereses de origen británico
o de otros países europeos. Esa conformación de los sectores dirigentes se
expresó, por ejemplo, en la oposición al intento estadounidense de establecer
una unión aduanera y una moneda común, en la primera conferencia panamericana
de 1889. Frente a la consigna esgrimida por los Estados Unidos de “América para
los americanos”, el representante argentino Roque Sáenz Peña expresaba una
diferente: “América para la Humanidad”. Por otra parte, la conciencia de la
problemática del endeudamiento externo se manifiesta en la Doctrina Drago de
1902, que condenaba la intervención militar de países europeos en Venezuela para obligar a este
país a cumplir con sus compromisos financieros. Tras el fin del régimen oligárquico,
llegó al poder el radicalismo (1916-1930), gracias a una nueva ley electoral
que garantizaba los derechos ciudadanos y establecía un sistema más democrático
instaurado por la Ley Sáenz Peña, con el voto secreto y obligatorio para la
población masculina en 1912. Si bien, en términos generales, existió una
continuidad en cuanto a la estructura productiva y al modelo económico basado
en la agroexportación, se produjeron algunos cambios respecto al período
anterior: se implementó una política fiscal que acentuó las cargas directas
sobre las tierras y el capital; se expandió el gasto estatal -fundamentalmente
el empleo público- y hubo una cierta redistribución de ingresos a favor de los
salarios, las pensiones y la administración; aunque muchas leyes propuestas se
frenaron en el Congreso de la Nación porque la mayoría de la cámara de
Senadores estaba en manos de la oposición conservadora. El concepto de
“reparación” era utilizado para fundamentar estos cambios, basados en una
política que se cuidó en no afectar los núcleos de interés sobre las cuales se
sostenía el esquema agroexportador. Sin embargo, esta política hizo que el
aumento del gasto creciera a un ritmo mayor que el de los recursos disponibles,
generando un desequilibrio fiscal agravado en los períodos recesivos.
La política exterior radical
mostró, a su vez, una mayor autonomía respecto a la que sustentaba el régimen oligárquico. En la Primera Guerra,
tras el ascenso de Yrigoyen como presidente, se pasó de la neutralidad “pasiva”
decidida por el conservador Victorino de la Plaza - funcional a los intereses
británicos, que pretendían mantener el comercio bilateral con Argentina una
neutralidad “activa”, que cuestionaba los fundamentos de la guerra entre las
potencias, resistiendo, desde 1917, la ofensiva de Washington sobre el continente
americano para que los países de la región abandonen la neutralidad. Por el
contrario, el gobierno radical auspició un congreso de países neutrales del
continente y luego retiró a la delegación argentina de la Sociedad de las
Naciones, sosteniendo el principio universal de que todas debían tener igualdad
de derechos. Estos elementos muestran el carácter más independiente de la
política exterior, pero manteniendo siempre la inserción internacional que se
había establecido en la etapa anterior y el vínculo privilegiado con Gran
Bretaña.
Sucedió a Yrigoyen un gobierno
radical con una orientación más conservadora, el de Marcelo T. de Alvear, que
presidió el país en momentos en que retornaba cierta prosperidad,
manteniendo externamente una firme vinculación
con Europa. En cambio, la vuelta de Yrigoyen, en 1928, no fue bien vista por
las elites tradicionales, que comenzaron a preparar un golpe de Estado en el
que participaron civiles y militares. Este se produjo en septiembre de 1930
marcando el retorno al poder de la vieja oligarquía conservadora.
Desde el punto de vista
económico, en la década del ’20 se pudo observar un incremento del comercio y
de las inversiones provenientes de EEUU. Comenzó a desarrollarse allí un
triángulo de relaciones comerciales y financieras
anglo-argentino-norteamericano, en el que Inglaterra seguía siendo el principal
mercado para los productos argentinos, pero los flujos de capitales y las
manufacturas más sofisticadas venían del país vecino del norte. Sin embargo,
este último mantenía o aumentaba sus barreras para la entrada de productos
agropecuarios argentinos, que consideraba competitivos para su propia economía
creando fuertes desavenencias con las elites económicas predominantes en el
país.
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