viernes, 19 de septiembre de 2014

Argentina Agroexportadora

II. La Argentina agroexportadora, el liberalismo económico y el vínculo privilegiado con
Gran Bretaña. Por Mario Rapoport.

La Argentina agroexportadora se sustentaba en una estructura socio-económica en la cual la propiedad de la tierra, el bien abundante, estaba concentrada en un núcleo reducido y poderoso de terratenientes; y en donde los capitales externos, si bien ayudaron a montar el aparato agroexportador tenían, por lo general, su rentabilidad garantizada por el Estado o se invertían con fines especulativos, creando un creciente endeudamiento externo y problemas en la balanza de pagos. Todo ello presidido por una ideología rectora: el liberalismo económico. En palabras de Juan Bautista Alberdi, uno de sus expositores más lúcidos, la Constitución argentina “más que la libertad política” había tendido a procurar “la libertad económica”.
El país llegó a formar parte así, en forma destacada, en tanto exportador de alimentos y materias primas e importador de bienes de capital y productos manufacturados, de una división internacional del trabajo, basada en el libre cambio, que tenía por eje a Gran Bretaña, el principal poder económico de la época. Durante el período agro-exportador los ciclos económicos obedecían, por un lado, a las relaciones entre la inversión, la producción y las exportaciones y, por otro, al movimiento favorable o adverso de los flujos de capital, influenciados desde el Banco de Inglaterra a través de una baja o una suba de las tasas de interés. Existió una notable expansión económica pero también una dependencia de los mercados externos y de esos movimientos de capital y cuando éstos se detenían, como en 1885, en 1890 o en 1913 o los mercados se contraían drásticamente, como en 1930, las crisis estallaban.
En lo que se refiere al sistema político interno, hacia 1880 se conforma la unidad nacional bajo la dirección de gobiernos oligárquicos. Esos gobiernos guardan las formas constitucionales, aunque excluyen a los sectores opositores del posible ejercicio del poder y eligen a sus sucesores.
Al mismo tiempo, abren las puertas a los nuevos inmigrantes pero no les facilitan su conversión en ciudadanos ni el acceso a la propiedad de la tierra. La política exterior del “orden conservador” (1880-1916) tenía como objetivo dar garantías a los inversores extranjeros, asegurar la financiación externa del Estado y ampliar los mercados europeos, donde la Argentina colocaba su producción agroexportadora. Esta política, atlantista, liberal y “abierta al mundo” -sobre todo a Europa-, daba la espalda a América del Sur y desdeñaba las alianzas con los países de la región. Argentina profundizaba sus relaciones diplomáticas con el viejo continente en general y con Inglaterra en particular, a la vez que intentaba obstruir los intentos estadounidenses de consolidar su hegemonía continental. Este “consenso conservador” se manifestó a través de diversas corrientes ideológicas. La predominante, de matriz “comercialista” liberal, que intentaba reducir al mínimo la aparición de conflictos, y la de la “real politik” del nacionalismo territorial, que impulsaba políticas de fuerza frente a las naciones vecinas y alentaba la espiral armamentística. A su vez, en la política exterior impulsada por cada grupo se manifestaban los alineamientos de los distintos sectores de la elite
con intereses de origen británico o de otros países europeos. Esa conformación de los sectores dirigentes se expresó, por ejemplo, en la oposición al intento estadounidense de establecer una unión aduanera y una moneda común, en la primera conferencia panamericana de 1889. Frente a la consigna esgrimida por los Estados Unidos de “América para los americanos”, el representante argentino Roque Sáenz Peña expresaba una diferente: “América para la Humanidad”. Por otra parte, la conciencia de la problemática del endeudamiento externo se manifiesta en la Doctrina Drago de 1902, que condenaba la intervención militar de países  europeos en Venezuela para obligar a este país a cumplir con sus compromisos financieros. Tras el fin del régimen oligárquico, llegó al poder el radicalismo (1916-1930), gracias a una nueva ley electoral que garantizaba los derechos ciudadanos y establecía un sistema más democrático instaurado por la Ley Sáenz Peña, con el voto secreto y obligatorio para la población masculina en 1912. Si bien, en términos generales, existió una continuidad en cuanto a la estructura productiva y al modelo económico basado en la agroexportación, se produjeron algunos cambios respecto al período anterior: se implementó una política fiscal que acentuó las cargas directas sobre las tierras y el capital; se expandió el gasto estatal -fundamentalmente el empleo público- y hubo una cierta redistribución de ingresos a favor de los salarios, las pensiones y la administración; aunque muchas leyes propuestas se frenaron en el Congreso de la Nación porque la mayoría de la cámara de Senadores estaba en manos de la oposición conservadora. El concepto de “reparación” era utilizado para fundamentar estos cambios, basados en una política que se cuidó en no afectar los núcleos de interés sobre las cuales se sostenía el esquema agroexportador. Sin embargo, esta política hizo que el aumento del gasto creciera a un ritmo mayor que el de los recursos disponibles, generando un desequilibrio fiscal agravado en los períodos recesivos.
La política exterior radical mostró, a su vez, una mayor autonomía respecto a la que sustentaba  el régimen oligárquico. En la Primera Guerra, tras el ascenso de Yrigoyen como presidente, se pasó de la neutralidad “pasiva” decidida por el conservador Victorino de la Plaza - funcional a los intereses británicos, que pretendían mantener el comercio bilateral con Argentina una neutralidad “activa”, que cuestionaba los fundamentos de la guerra entre las potencias, resistiendo, desde 1917, la ofensiva de Washington sobre el continente americano para que los países de la región abandonen la neutralidad. Por el contrario, el gobierno radical auspició un congreso de países neutrales del continente y luego retiró a la delegación argentina de la Sociedad de las Naciones, sosteniendo el principio universal de que todas debían tener igualdad de derechos. Estos elementos muestran el carácter más independiente de la política exterior, pero manteniendo siempre la inserción internacional que se había establecido en la etapa anterior y el vínculo privilegiado con Gran Bretaña.
Sucedió a Yrigoyen un gobierno radical con una orientación más conservadora, el de Marcelo T. de Alvear, que presidió el país en momentos en que retornaba cierta prosperidad, manteniendo  externamente una firme vinculación con Europa. En cambio, la vuelta de Yrigoyen, en 1928, no fue bien vista por las elites tradicionales, que comenzaron a preparar un golpe de Estado en el que participaron civiles y militares. Este se produjo en septiembre de 1930 marcando el retorno al poder de la vieja oligarquía conservadora.

Desde el punto de vista económico, en la década del ’20 se pudo observar un incremento del comercio y de las inversiones provenientes de EEUU. Comenzó a desarrollarse allí un triángulo de relaciones comerciales y financieras anglo-argentino-norteamericano, en el que Inglaterra seguía siendo el principal mercado para los productos argentinos, pero los flujos de capitales y las manufacturas más sofisticadas venían del país vecino del norte. Sin embargo, este último mantenía o aumentaba sus barreras para la entrada de productos agropecuarios argentinos, que consideraba competitivos para su propia economía creando fuertes desavenencias con las elites económicas predominantes en el país.

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